Químicos al que protesta

Written by on 24 diciembre, 2019

Amnistía Internacional de Chile manifestó su “profunda preocupación” por los resultados de un nuevo estudio que advierte que el agua lanzada por los carros de los carabineros contendría gas pimienta y soda cáustica. El Colegio Médico denunció casos de quemaduras graves y mencionó que estos agentes químicos podrían producir la muerte en niños/as y adultos/as mayores. Según ese organismo, muchas veces los químicos que las fuerzas policiales lanzan contra los manifestantes no tienen consecuencias inmediatas en la piel, sino que los efectos aparecen con posterioridad. “Esto dejaría de manifiesto que este elemento no se estaría usando sólo con un propósito disuasivo, sino también como una forma de castigar y dañar a quienes se manifiestan”, aseguró Amnistía Internacional.

Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país.

La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional de Chile manifestó su “profunda preocupación” por los resultados de un nuevo estudio que advierte que el agua lanzada por los carros de los carabineros contendría gas pimienta y soda cáustica. El Colegio Médico denunció casos de quemaduras graves y mencionó que estos agentes químicos podrían producir la muerte en niños/as y adultos/as mayores. Según ese organismo, muchas veces los químicos que las fuerzas policiales lanzan contra los manifestantes no tienen consecuencias inmediatas en la piel, sino que los efectos aparecen con posterioridad. “Esto dejaría de manifiesto que este elemento no se estaría usando sólo con un propósito disuasivo, sino también como una forma de castigar y dañar a quienes se manifiestan”, aseguró Amnistía Internacional.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial.

La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial.

Durante y después del estado de emergencia, el mando de Carabineros, así como los subsiguientes mandos superiores, lejos de ejercer un control efectivo con el fin de prevenir o reprimir la comisión de actos violentos por parte de sus subordinados, han permitido que éstos sigan actuando de la misma forma, haciendo que el volumen de denuncias de maltrato, tortura, y lesiones oculares irreparables contra manifestantes sea constante. La no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional.

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.

Uso letal de la fuerza

Amnistía Internacional pudó documentar cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional que activó el presidente Piñera el 19 de octubre: cuatro a manos de funcionarios del Ejército y una a manos de carabineros. Dos de ellas fueron con armamento militar.

A través del análisis de imágenes, la organización confirmó que el ejército usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos. Se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. Aunque de forma más puntual, también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

En un caso, Romario Veloz, ecuatoriano de 26 años, murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una pequeña marcha en la ciudad de La Serena. Al llegar a un parque de la localidad, el ejército comenzó a disparar de forma indiscriminada en contra de los manifestantes congregados. Vídeos del momento demuestran como Romario estaba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos.

En ese mismo evento, Rolando Robledo de 41 años quedó herido en el tórax por otro disparo de un militar. Pasó varios días en coma con pronóstico grave. De acuerdo con testigos, las autoridades no auxiliaron a ninguno de los dos y el ejército volvió a disparar en contra de los manifestantes mientras intentaban socorrer a los heridos.

En Curicó, José Miguel Uribe murió después de que un militar le disparara al tórax. Minutos antes, José Miguel de 25 años participaba en un corte de calle que jóvenes de la localidad habían puesto de manera improvisada para retener el tráfico como forma de presión. Los militares llegaron y de forma sorpresiva dispararon en contra de las personas que ahí se encontraban. Según testigos, ningún uniformado prestó auxilio a José Miguel, a pesar de haber visto cómo se desplomaba.

Nota completa: https://amnistia.org.ar/chile-politica-deliberada-para-danar-a-manifestantes-apunta-a-responsabilidad-de-mando/


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